Cuando los estudiantes cierran las puertas de la universidad toman una ventaja estratégica difícil de remontar, a menos que se acuda –por fortuna ello pocas veces ha ocurrido– al garrote y la represión para abrir las aulas a punta de bayoneta al estilo de los regímenes militares de Sudamérica en los años 70. Bastaba un mínimo repaso a la historia de los conflictos estudiantiles en la Universidad Nacional a lo largo del siglo para saber que la batalla estaba perdida desde el momento mismo que los estudiantes barajaron la carta de la huelga; desde entonces, y no hasta ahora, la causa del rector se había estropeado, el resto del proceso no fue más que un último recurso de las autoridades, más bien ingenuo e infructuoso, para esperar a que el tiempo provocase algún milagro, es decir, que el movimiento se desgastara y se dividiera, o bien, que hubiera una contraofensiva organizada y eficaz por parte de los miles de estudiantes y profesores que se oponían a la huelga, quienes tendrían en ese caso que reconquistar las instalaciones de la UNAM con la furia épica de los cruzados que recuperaron el sagrado sepulcro de Cristo en Jerusalén. Ya vimos que nada de esto ocurrió, y que los principales afectados serán nuevamente los propios universitarios que perderán casi dos meses de trabajo cuando, con un poco de realismo político por parte del rector, la suspensión de labores pudo reducirse a unos cuantos días que bastaban para tirar la toalla y aceptar la derrota, anunciando desde entonces lo que ahora ha ofrecido.

Por lo tanto, el desenlace que ahora se perfila tras el anuncio del rector Barnés, que pedirá al Consejo Universitario echar atrás el nuevo Reglamento de Pagos que establecía la obligatoriedad de las cuotas –aprobado, por cierto, con suma torpeza e impaciencia en un auditorio fuera del campus universitario– era absolutamente previsible y sólo era cuestión de tiempo para que una vez más la UNAM diera marcha atrás a su al parecer imposible transformación.

Los casi dos meses que se ha prolongado la huelga se habrían reducido a una semana como máximo si el rector hubiera aceptado desde un principio que la batalla estaba perdida, que el tiempo para ganarla ya se le había escapado, y que dicho tiempo no era ya el de los estiras y aflojes en el clímax de la confrontación a mediados de abril, sino mucho antes, cuando pudo haber tejido una estrategia gradual en diversos foros y ámbitos, un trabajo previo de sensibilización en los medios, por ejemplo, una consulta abierta sobre el tema de las cuotas –así sólo fuese de manera formal y simbólica– a la comunidad universitaria, un pacto previo con el sindicato y los académicos en el que comprometiera beneficios a cambio del apoyo a las reformas, y otras tantas cartas que simplemente no tomó en cuenta a la hora de lanzar la caballería pesada del aumento de las cuotas, rasgando de esta forma la ultrasensible epidermis política de la universidad.