A más de un mes del paro en la universidad, queda claro que el propósito de los paristas no es sólo echar abajo el nuevo Reglamento de Pagos, sino borrar los tímidos pasos que se han dado para mejorar el nivel académico, como es el pase reglamentado o el límite de años de permanencia para los alumnos. Más aún, los objetivos políticos del paro desbordan el ámbito de la UNAM y el de la educación superior.

El propósito político de los paristas no es impedir el aumento de las cuotas, como el objetivo político del EZLN no es reivindicar los derechos indígenas. El fin último de los dos movimientos es debilitar el Estado "burgués" y construir un Estado socialista.

La táctica de ambos consiste en evadir el diálogo y plantear demandas cada vez más difíciles de satisfacer. Entre los paristas se dice que su lucha es contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como la de Marcos es contra el neoliberalismo y tiene una dimensión intergaláctica.

(Parece mentira que una sociedad con un mínimo de sentido común y no pocos intelectuales ignoren o quieran ignorar que esos planteamientos entrañan un mensaje: no se resolverá el problema de la UNAM ni el conflicto de Chiapas mientras subsista el neoliberalismo.)

Un factor crucial de esa táctica es hacer o inducir provocaciones y actos delictivos. Con ello pretenden crear una situación de facto en la que no exista el Estado de derecho y propiciar actos de represión que eternicen y aun compliquen los conflictos: la "guerra" de larga duración al estilo maoísta, pero por ahora no con las armas. Así actúan los profesores de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y el Distrito Federal, organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aunque este movimiento parece más cercano al EPR y el ERPI que al EZLN.

Es grave, pero hay que reconocerlo: la cancelación del nuevo Reglamento de Pagos, aun acompañada de la renuncia del rector, no resolvería el problema de la UNAM; a lo sumo lo diferiría. En la misma lógica ni la disposición gubernamental al diálogo con el EZLN ni el envío al Congreso de la Unión de la iniciativa de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas, que cumple formalmente con el compromiso del gobierno, han abierto espacios reales para la negociación con el grupo armado. En los dos casos y en el de la CNTE, el gobierno ha optado por "flexibilizar" la aplicación de la ley pese a su letra y espíritu.

La Ley para el Diálogo en Chiapas deja sin efecto las órdenes de aprehensión contra los líderes del EZLN mientras haya diálogo. El diálogo está roto desde hace varios años, pero el gobierno mantiene congeladas las órdenes de aprehensión con el argumento de que dicho diálogo sólo está "interrumpido", pero existe.

Por su parte, los jóvenes paristas han enviado brigadas para impedir por la fuerza todo trabajo docente extramuros, han violado leyes y reglamentos vigentes en el Distrito Federal, pero el gobierno de la ciudad se abstiene de sancionarlos e incluso ordena escoltarlos. La misma impunidad tienen los profesores de la CNTE.

Es claro que las instituciones del Estado se resisten a cumplir su deber de mantener el orden público y hacer valer el orden jurídico, para no caer en provocaciones ni prestarse a complicar aún más los problemas, sea en Chiapas, en la UNAM, con los profesores.

¿Es esa la menos mala de las respuestas posibles del Estado? ¿Se disuelven o siquiera se desalientan los conflictos con no aplicar las leyes? ¿Habría que aplicarlas aun al costo de generar un nuevo 68 en el México del 2000 que procura la democracia, está obligado a respetar los derechos humanos y actúa bajo el escrutinio de la opinión pública mundial y los países y organismos extranjeros?